ISLA DE CAÑAS, Iruya, Salta, 30/07/20.- El municipio Isla de Cañas, perteneciente al departamento Iruya, se suma también a la nómina de municipios salteños salpicados por el escándalo del IFE. Sucede que hay varios funcionarios de la planta política que han cobrado el dinero que ofreció el gobierno nacional a todas aquellas personas que no tienen ningún ingreso durante la pandemia de COVID-19.
Vecinos muy molestos por esta situación, que también incluye a empleados del municipio, se comunicaron con NOTIRUYA y otros medios expresando su descontento por el accionar de los funcionarios, que asumieron sus cargos en diciembre de 2019.
Luis Adán Díaz, secretario de gobierno, cobró el IFE, mientras que María Cavana, secretaria de acción social, intentó hacerlo pero su trámite fue rechazado por ANSES.
Carina Zambrano trabaja en mesa de entradas de la Municipalidad y cobró el ingreso de emergencia, al igual que Rita Micaela Ibarra, quien se desempeña como secretaria del Concejo Deliberante.
Carlos Quispe, chofer privado del intendente, cobró el IFE, como así también Yésica Romina Ayarde, quien se desempeña como juez de paz en la localidad.
Además de Isla de Cañas, ya son varios los municipios salteños que han sido noticia y se suman a una lluvia de irregularidades que están siendo investigadas, como también se puso la lupa sobre ANSES. El escándalo tomó dimensiones nacionales y ya se investigan muchísimos casos en diferentes provincias.
En medio de esta “epidemia” de cobros irregulares que ya involucra a un intendente y 52 concejales salteños, Esteban Ivetich, intendente de Chicoana, propuso que las investigaciones sobre el cobro irregular se hagan “puertas adentro” de cada uno de los municipios. Surge entonces la pregunta: ¿se buscará una especie de “la ropa sucia se lava en casa”, o los funcionarios darán una muestra de transparencia, que ayudaría a fortalecer al menos un poco la ya desnutrida credibilidad que sobrevuela a la clase política en nuestra sociedad?
Por el bien de Iruya, del país y de la credibilidad de la clase política, espero que se aclare esta situación y que las personas involucradas reciban la pena que les corresponda
gracias por tu comentario, marcela!!!
saludo desde iruya,
pablo harvey – editor
Requisitos
Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.
Tener entre 18 y 65 años de edad.
Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:
un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.
ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.
una prestación de desempleo.
jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.
El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.
Este escándalo debe resolverse cuanto antes y aplicar las penas que sean pertinentes, dada la gravedad de la situación que salpica con intrigas la credibilidad de un gobierno elegido por voluntad popular. No merecen el cargo que ocupan las personas que moralmente no se encuentran en situación de hacerlo….
“la ropa debe lavarse puertas para afuera”, es la única forma de restablecer un pacto social con un mínimo de confianza en nuestras instituciones.
Gracias por comentar, Marcela.
un escándalo tapa al otro. la vida sigue su curso entretanto.
gracias por comentar!
pablo harvey – editor