En estos días una noticia removió el avispero en toda la provincia: serían cerca de 20 mil las pensiones por invalidez fraudulentas que se cobran en Salta. Al menos eso es lo que estiman las auditorías que están realizándose desde marzo, desde el Ministerio de Salud junto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y PAMI.
Las cifras son rayanas con lo escalofriante. Según la ANDIS, de 58 223 pensiones no contributivas otorgadas en Salta, casi 20 000 serían truchas. Es decir, algo más del 34%. Para quienes no están familiarizados con los porcentajes: de cada cien personas que cobran, treinta y cuatro se hacen pasar por discapacitados. Para verlo mejor, de cada 20 pensionados, 7 son truchos. Una cifra que verdaderamente asusta. O también, como sucede en muchos casos, se trata de personas que mienten alevosamente acerca de su situación social. Declaran en las solicitudes una pretendida pobreza, pero todos ven que su nivel de vida es todo lo contrario.
Los requisitos que establece ANSES para otorgar una pensión no contributiva por invalidez, son: por un lado, tener una discapacidad inhabilitante para trabajar, del 66% o más. Y además, la persona debe estar en estado de vulnerabilidad social. Es decir que estas pensiones por invalidez se crearon para aquellas personas con algún tipo de discapacidad que no tengan recursos que les permitan llevar una vida digna y seguir con sus tratamientos médicos.
Pensiones por invalidez truchas en Iruya
Desde que se «destapó la olla», muchos pusieron el grito en el cielo aduciendo su inmaculada inocencia: «merezco la pensión, porque tengo una dolencia». «Hice todos los trámites y me otorgaron la pensión». «Lo mío es legal; no hay ninguna truchada». Es decir, más de lo mismo: se alegan todos los derechos habidos y por haber (aunque se acceda a un derecho falseando una invalidez) y se olvidan todos los deberes. Cada quién piensa en sí mismo. «¿La comunidad? Que otros vean por el conjunto. Yo, cuido mi quintita, no importa que sea defraudando al estado».
El individualismo y el sálvese quien pueda parecen estar a la orden del día, aún en un departamento con pequeña cantidad de habitantes como Iruya, .
El sistema tiene puntos débiles. Y muchos se aprovecharon, ya sea para conseguir ventajas personales o para conseguir votos. «Te consigo la pensión, vos votame», parece ser la consigna. En Iruya (como en todo el país), se otorgaron durante muchos años pensiones que no correspondían. Un sistema corrupto desde hace más de un cuarto de siglo, siendo benévolos en la estimación. Un sistema sin controles. Médicos firmantes de certificados truchos. Punteros políticos que gestionaron beneficios a personas que claramente no cumplían los requisitos. Tanto por no presentar ninguna invalidez, o por no ser necesitados.
Hay quienes cobran pensión por invalidez sin saber siquiera cuál fue la invalidez alegada. Otros, para cobrar, sólo tuvieron que presentar su DNI. En muchísimos casos, la «vulnerabilidad social» sencillamente se inventó. Los asistentes sociales que debían verificarla debían ser pagados por los mismos intendentes, políticos o punteros. O directamente no había asistentes sociales. Por lo tanto, o no iban a constatar cómo vivía quien solicitaba la pensión, o hacían la vista gorda. Un sistema usado como herramienta para conseguir votos comprando la voluntad de las personas. En muchos casos, las pensiones fueron ofrecidas por los propios políticos a través de sus punteros. En otros, el beneficio fue gestionado a pesar de que «el beneficiario» se hubiese negado.
Revuelo e indignación
A partir de las auditorías que implementó el Gobierno nacional, fueron citados unos 140 vecinos iruyanos para regularizar su situación en lo que respecta a su pensión no contributiva por invalidez. Esto representa una parte del total de pensionados. Según los propios vecinos, entre los citados hay personas directamente ligadas a la municipalidad, ya sea por lazos familiares o por estar en el equipo de gobierno. También hay jóvenes que cobran y se los ve en perfecto estado físico o de salud. En un pueblo chico se conocen todos. Personas que ostentan camionetas 4×4 y tienen un negocio y vivienda propia, están cobrando también del estado.
La noticia causó un grandísimo revuelo. Están los que defienden y están los indignados. Y también, los que le echan la culpa al sistema, sin ver que si muchos se aprovechan, el sistema no puede funcionar nunca. Y que, tarde o temprano, la «viveza» de los que se aprovechan perjudicará al conjunto de la sociedad. A la sociedad iruyana, a la sociedad salteña y a la sociedad argentina.
A nivel país, hay otorgadas 1 224 000 pensiones por invalidez. De ellas, 500 000 serían las falseadas; todas se están revisando, caso por caso. De confirmarse esto, serán dadas de baja. Según las estimaciones oficiales, las pérdidas por fraude rondan los 3400 millones de dólares en el último año.
Cifras pavorosas, producto de la corrupción. Muchos la disfrazan con la expresión «viveza criolla».
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