En la mañana de hoy, condenaron al exintendente de Iruya Alfredo Daniel Soto (49) a la pena de cuatro años de prisión efectiva . La condena incluye además, inhabilitación absoluta perpetua. Soto resultó autor penal y materialmente responsable del delito de peculado (dos hechos), en concurso real, en perjuicio de la Municipalidad de Iruya.
Javier Araníbar, Martín Fernando Pérez y Leonardo Gabriel Feans, jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, consideraron que el Ministerio Público Fiscal probó la autoría de Soto en los delitos de peculado en dos hechos. Tras leer la sentencia, ordenaron la inmediata detención del imputado.
En un hecho inusual en la justicia salteña, la audiencia tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la Municipalidad de Iruya. Allí se trasladó el tribunal para recibir las últimas pruebas testimoniales de vecinos del lugar.
En el mismo fallo, Alfredo Soto, quien fue intendente de Iruya entre 2015 y 2019, resultó absuelto del delito de estafa por el que había sido imputado por la parte querellante, por no mediar acusación.
El tribunal colegiado estuvo integrado por los jueces Javier Aranibar (presidente), Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público intervino la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. La defensa de Soto estuvo a cargo de Nilda Emilse Garnica. Por la parte querellante intervino Eliana Verchan, en representación de la Municipalidad de Iruya.
Por qué condenaron al exintendente de Iruya
La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya, emitió tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000. Cheques que él mismo cobró el 9 de diciembre de 2019, un día antes de finalizar su mandato.
Además, Alfredo Soto recibió del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93, de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existe un faltante de dinero de $6.848.073,43. La administración y custodia de ese dinero le habían sido confiadas al exintendente. La fiscal estimó que los montos, actualizados al valor de hoy, alcanzarían aproximadamente los 100 millones de pesos.
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